La formación programada para las empresas, más conocida como “formación bonificada”, se ha consolidado como una herramienta estratégica para mejorar las competencias de las plantillas de las empresas. En este contexto, las entidades organizadoras desempeñan un papel clave facilitando a las empresas el acceso a este tipo de formación sin que tengan que encargarse directamente de los complejos trámites administrativos para poder bonificar la formación y recuperar una parte o el total de la inversión en la formación. Sin embargo, aún existen dudas sobre qué implica realmente actuar como entidad organizadora, qué responsabilidades conlleva y cuáles son las exigencias normativas actuales.